SOS COLOMBIA

Por: Jhonatan Bedolla Pérez – Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas.

Viernes 11 de septiembre de 2020.

Colombia, en la desolación, la rabia y la impotencia por la falta de gobierno y la opresión estatal desde el ejecutivo nacional.

El país llevaba sumergido más de 160 días en aislamiento estricto y obligatorio en todo el territorio nacional, una medida necesaria para contener la propagación de la COVID-19, pero que, a la vez permitió mostrar la ingobernabilidad a la que, como Estado nos ha sometido la clase política que nos gobierna, quienes obedecen a intereses particulares de unos y otros que manejan a sus anchas el país.

Las cifras de desempleo aumentaron exponencialmente y ya superan el 20%, un escándalo mayúsculo, teniendo en cuenta que la economía colombiana se mueve mayoritariamente por la informalidad, actividad ejercida por personas que no tienen la más mínima estabilidad laboral, a quienes se les persigue en muchas ciudades del país y quienes además en su mayoría no hacen parte de las cifras oficiales de empleo o desempleo que se muestran.

El descontento social es evidente, no puede pretender el gobierno nacional que luego de más de 160 días en aislamiento obligatorio, sin que se haya garantizado una renta básica – No puede hablarse de subsidios –, la gente actuara como si nada ante el abandono estatal al que se ha sometido a la ciudadanía.

En otras circunstancias el clamor ciudadano por la falta de una política social clara y permanente, y las masacres perpetradas en todo el territorio nacional, sin móviles claros, hubiera sacado a las calles a todo el colectivo social meses atrás, tal como ocurrió aquel 21 de noviembre del año 2019.

Ese llanto exasperado, de un país llevado al abismo y puesto contra la pared por quienes tienen la obligación constitucional y legal de administrar los recursos públicos, estaba llamado a darse, sólo necesitaba llenarse la copa de desalientos generada por las pésimas decisiones del gobierno nacional, sin imaginar que se llenaría de la peor manera.

Transcurría la madrugada del 9 de septiembre del 2020 y el país movía en redes sociales las imágenes arbitrarias, devastadoras y pusilánimes donde se mostraba a uniformados de la Policía Nacional de Bogotá, agredir y torturar con un arma tipo taser al ciudadano Jorge Ordoñez, al que según las imágenes ya se tenía controlado en el piso y quien suplicaba e imploraba – Por favor, por favor, ya no más – que no se le siguiera aplicando descargas eléctricas y presiones sobre su integridad; una situación lamentable dentro de lo que se supone era un procedimiento policial que a todas luces desconoció el mínimo de Derechos Humanos. La situación pasó de ser preocupante a tener que lamentarse luego de que se informara que minutos después de que los uniformados subieran a Javier Ordóñez – claramente agredido y atosigado – a una patrulla de la Policía Nacional y una vez fue llevado al CAI de Villa luz – Lugar cercano a los hechos –, se diera a conocer la muerte de este ingeniero aeronáutico y estudiante de derecho, y quien según el informe (preliminar) pericial de Medicina Legal, murió a causa de contundentes golpes en la cabeza, golpes causados a lo largo del mal llamado procedimiento policial desarrollado por los uniformados.

El país despertó y las muestras de solidaridad y dolor no se hicieron esperar, todos lamentaban el presunto homicidio ocasionado a Javier Ordoñez a causa de lo que muchos han descrito abuso desmedido de la fuerza pública. Lo anterior, llevó a que en la noche de ese 9 de septiembre en la capital del país principalmente, se saliera a las calles como forma de rechazar el actuar arbitrario de los uniformados frente a la situación que generó la muerte de Javier Ordoñez.

Las manifestaciones iniciaron a través de plantones y velatones a lo largo y ancho de Bogotá – En los CAI de cada localidad –, aunque una vez alterado los ánimos, tal expresión pacífica pasó a convertirse en una verdadera batalla campal entre manifestantes y autoridades de Policía, lo que incluyó participación del ESMAD, situación que generó desmanes, actos vandálicos en la ciudad capital y sus alrededores, decenas de heridos de parte y parte, y lo más grave, causó la muerte de 10 personas – 7 en Bogotá y 3 en Soacha –, al parecer, según testimonios y evidencia registrada en cámaras de video y celular, muertes ocasionadas por miembros de la Policía Nacional en un actuar desproporcional, deliberado y reprochable desde todo punto de vista.

Si bien el comportamiento de algunos “manifestantes” debe ser catalogado cómo vandálico por los daños ocasionados en la ciudad y debe generar reproche y las acciones judiciales a que haya lugar en el marco del debido proceso, no se puede equiparar bajo ninguna circunstancia que tales actos cometidos contra la propiedad pública y privada sean correspondidos con la atrocidad delincuencial con la que autoridades de Policía han actuado hasta ahora – Se califica de esta manera porque el actuar de la institucionalidad debe ser en el marco de la legalidad y el respeto, atendiendo al deber funcional que estos tienen – y más cuando este cuerpo policial parece ser una rueda suelta sin línea de mando en un Estado Social de Derecho que sin lugar a dudas ha sido fragmentado por la misma institucionalidad colombiana.

Es tenebroso y escalofriante ver en imágenes y videos, cómo el cuerpo civil armado que tiene la obligación de proteger a la ciudadanía se comportó como una banda criminal a sueldo suelto, incapaces de contener hechos de afectación del orden público, alzados en armas sin el más mínimo respeto por la vida e integridad de quienes juraron defender un día. Si bien el proceder de la institución policial no es generalizado, tampoco es el actuar aislado de algunos miembros como se quiere hacer ver, sin duda hay una enorme crisis institucional para garantizar la protección de Derechos Humanos de los ciudadanos en los procedimientos llevados a cabo por los uniformados en el territorio nacional, sobre eso hay cantidad alarmante de denuncias que no han tenido resultado alguno por la inoperancia de las instancias judiciales que hacen parte de la justicia disciplinaria y penal militar; en ese sentido, el primer paso es reconocer el gravísimo problema interno que sobre esto hay, y trabajar mancomunadamente en ello.

Inmensa reflexión la que nos lleva a hacer la situación por la que atraviesa el país. Los lamentos y reproches por la ingobernabilidad y la desazón, por las injusticias diarias que cargan los ciudadanos no se solucionan sacando tanquetas a la calle, tampoco matando y agrediendo a un pueblo que paga las consecuencias por la ineptitud de sus gobernantes; esa actitud es incendiaria e incitadora para que se ocasionen más enfrentamientos. Estamos en la obligación como sociedad de revisar integralmente las causas por las cuales la ciudadanía se ha movilizado y por las que piensa movilizarse, algo que es inevitable.

¿Acaso es mucho pedir que se hagan reformas estructurales necesarias para sanear los vicios sociales que hoy nos agobian?

El ejecutivo nacional y el legislativo tienen el deber de encaminar tales reformas – reformas de trascendencia social, reformas para cambiar el papel y la función de la policía como cuerpo civil armado, reformas para proyectar políticas de empleo dignas, etc. –. La papa social que está a punto de estallar es para que genere alarmas en todos los sectores sociales del país, pero, sobre todo para que despierte a un gobierno central sumido en una actitud indiferente e indolente.

¡Que la justicia y verdad sean las primeras muestras de reconciliación ante los hechos ocurridos en las horribles noches del mes de septiembre del 2020!

Adenda: Que lo sepa el mundo: La noche del 9, 10 y la madrugada del 11 de septiembre del 2020, el Estado Colombiano permitió y se hizo cómplice de la muerte y agresión de civiles, atacados vilmente por la Policía Nacional de Bogotá, cuya comandancia en línea de mando está en cabeza del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y el Presidente de la República, Iván Duque Márquez.