Sincelejo se vuelve nuevamente tendencia nacional, no precisamente por ser ejemplo en estrategias de desarrollo territorial y generación de oportunidades.
Una de las razones de esta notoriedad negativa es la reciente decisión de la alcaldía de Sincelejo de contratar una empresa de vigilancia privada por un valor cercano a los 25 mil millones de pesos para "vigilancia y seguridad de los bienes y espacios a cargo de la alcaldía".
Los videos e imágenes difundidos por la alcaldía y sus medios aliados muestran un grupo de exmilitares armados junto a motocicletas de alto cilindraje, lo que los hace parecer un grupo antimotines o agentes del GAULA con sus trajes y chalecos negros.
Según el alcalde, esta medida busca mejorar la percepción de seguridad y funcionar como una red de apoyo para la Policía Nacional. Sin embargo, el hecho de que estén armados, se desplacen en motos por la ciudad y sean llamados “frentes de seguridad” por el propio alcalde, genera inquietudes sobre las verdaderas intenciones de este proceso adelantado.
¿Por qué no invertir estos recursos en fortalecer el pie de fuerza policial? ¿Por qué proceder con un contrato adjudicado por la totalidad del periodo administrativo y no por un periodo menor para ir evaluando su pertinencia? ¿Cuáles son las metas concretas de este grupo de vigilantes móviles? ¿Sólo esperan mejorar la percepción ciudadana de Seguridad?
El monto contractual parece excesivo si se trata únicamente de impactar en la percepción ciudadana, considerando que la normativa colombiana prohíbe a estos vigilantes realizar funciones propias de la Policía Nacional, como retenes, requisas o atender delitos en el espacio público.
Ante estas graves inquietudes ciudadanas el ministro de Defensa Iván Velázquez expresó: La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este "frente de seguridad", que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos.
Estos cuestionamientos no pueden ser explicados simplemente bajo el fundamento legal de un contrato para proteger parques urbanos y bienes a cargo del ente municipal.
Además, resulta reprochable que el alcalde haya difundido advertencias contra quienes ejercemos liderazgo en el territorio. En múltiples medios aliados a su administración, se nos señaló como críticos con la declaración: “los que perdieron las elecciones en Sincelejo cuestionan cada acción del Alcalde Yahir Acuña”, seguida de un listado de acciones de su administración.
Esta actitud mina la credibilidad ciudadana y se acerca a una amenaza contra quienes cuestionamos puntualmente algunas de sus actuaciones administrativas. En democracia, toda voz es válida, pero en Sincelejo empieza a ser inquietante y peligroso expresarse. No debemos permitir el resurgimiento de ‘frentes’ al margen de la ley que ya superamos con resultados trágicos.
La seguridad en Sincelejo no se resolverá con escuadrones de vigilantes privados armados. Es necesario fortalecer la institucionalidad, el bloque multicrimen, desarrollar estrategias para desmantelar las redes de microtráfico, combatir las extorsiones, democratizar los mapas de calor, invertir en herramientas tecnológicas y por supuesto, generar tejido social. Esta medida es inútil para esos fines. Si se desean redes de apoyo, deben ser planteadas desde un enfoque ciudadano, sería más transparente y menos riesgoso para todos.
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