Por: José Fredy Aguilera Garavito.
Coordinador de la Misión de Observación Electoral, Moe en Sucre, consejero departamental de Paz Reconciliación y Convivencia, y defensor de Derechos Humanos
La pandemia que azota al mundo y a
Colombia ha develado la profunda crisis social generada por treinta años de
vigencia del modelo neoliberal, la concentración de la riqueza y el ingreso son
ampliamente visibles, como también el crecimiento de los niveles de pobreza y
desigualdad que demuestran un estruendoso fracaso de las llamadas
focalizaciones implementadas como política social, para aliviar la situación de
quienes por diferentes factores son desplazados o no logran conectarse a las
dinámicas del mercado. Los ideólogos del neoliberalismo partían del supuesto de
un inicio desigual del modelo, pero que poco a poco, este mismo desgajaba los
beneficios sociales para la absoluta mayoría de la población, cosa que
después de treinta años no se ha visto, por el contrario, hoy se habla de que
más de 800 millones de personas en el mundo viven en pobreza, América latina
registra más de 200 millones en estas mismas circunstancias y según la OCDE,
Colombia está considerado como el país más desigual de Sur América y el segundo
de Latinoamérica, después de Haití, en el mundo ocupamos un honroso cuarto
lugar.
Desde el punto de vista de la pobreza
multidimensional, en 2018, 9.690.000 colombianos viven en estas condiciones,
3.500.000 en condiciones de indigencia que muestra claramente la huella dejada
por el modelo neoliberal. Así mismo, antes de la pandemia, se registraba una
tasa de desempleo del 13% equivalente a 3.216.000 desempleados, para completar
este cuadro alrededor de 15,000.000 de compatriotas viven del trabajo informal,
con lo que eso supone; inestabilidad, bajos ingresos, carencia de seguridad
social, etc. Nuestra capital, Sincelejo, por el tema de la informalidad y el rebusque
se incluye entre las ciudades más desiguale de Colombia y América, con una alta
tasa de trabajo infantil, en razón a que en una misma familia deben trabajar
varias personas incluidos niños y niñas para reunir entre todos el ingreso que
les permita medio vivir. Con la caída del sector agropecuario, en los años 90
con la “Apertura Económica,” del presidente Gaviria, Sucre y su ciudad capital,
sufrieron un proceso de tercerización de la economía, el comercio y los
servicios, se convirtieron en los renglones más dinámicos, dentro de estos, la
informalidad y el rebusque. El PIB departamental sólo contribuye con el 0.8 %
al nacional, lo que indica baja producción de bienes y servicios para
satisfacer las necesidades de la población.
La costa caribe, en términos de
desarrollo, ha tenido retraso con relación a otras regiones del país, en ello
confluyen diferentes factores que académicos y expertos han explicado, uno de
ellos; no somos prioridad para la inversión en el Plan Nacional de Desarrollo,
cuando el expresidente Santos ganó su reelección y la costa fue fundamental, se
especuló con un posible despegue de la costa a partir de este hecho. Sin
embargo, no fue así, en la época de la apertura económica, por su posición y
contar con puertos marítimos, éramos privilegiados, el proceso de globalización
impulsaba cambios importantes en nuestras vidas y en el territorio, la apertura
nos pasó por encima sin darnos cuentas. Otro factor que incide en el atraso del
caribe, la calidad de nuestra representación en el congreso de la república,
con políticos corruptos, que han profundizado el clientelismo, el beneficio
personal, ensanchamiento de sus patrimonios particulares, sin clara visión de
región y colonizados por disputas personales y politiqueras que les impide asumir
compromisos unitarios por los intereses de nuestra costa caribe.
El fracaso en gran medida, de la
política gubernamental para contener el avance de la pandemia de la Covid-19,
ha llevado a que miembros de gobierno en todos los niveles empiecen a buscar chivos
expiatorios, a quien responsabilizar del disparo del contagio en el país y en
algunas regiones, los médicos y profesionales de la salud, figuran entre las
posibles víctimas, según lo dejan explicito algunas afirmaciones de miembros
del gobierno nacional y en la región caribe se popularizó la mal llamada
indisciplina social, abriendo un debate interesante al respecto, donde algunos
académicos y gobernantes recurren al metarrelato para justificar y
legitimar las políticas y decisiones tomadas para contener la expansión de la
pandemia; este enfoque, encuentra en la cultura y la
construcción de un relato histórico lineal recurrente y repetitivo en el tiempo
y en el espacio, la explicación al fenómeno identificado como
“indisciplina social”, sin considerar la lectura del contexto actual y los
análisis provenientes de otras aristas de las ciencias sociales como la
sociología, economía, política y sobre todo los intereses que circundan
sobre esta problemática en cada territorio, resulta fácil encontrar explicación
a la alta tasa de contagio existente en la costa caribe, que con Bogotá
constituyen los núcleos de mayor número de enfermos por la Covid-19 en el país,
en la cultura ancestral característica de los habitantes del norte colombiano.
Obvio, existen problemas de cultura ciudadana, pero esto es otra cosa.
El maestro, Orlando Fals Borda,
caracterizó el talante costeño como personas hospitalarias, espontáneas,
pacíficas, alegres, folclóricas, rumberas y bulliciosas, adolescentes del
complejo del dejao, para significar el no apego a las cosas, la
despreocupación y dejar para después, García Márquez, agregaría el
mamagallismo, como otro factor de identidad del ser costeño. Sin embargo, antes
de su muerte, en carta enviada a Pedro Santana, Director de la Revista Foro, en
esa entonces, se retractó de nuestro talante de pacíficos, no obstante que el
maestro, siempre sostuvo que la violencia en la costa era un fenómeno exógeno,
dijo haberse equivocado, en atención a las masacres y abominables crímenes
cometidos por los grupos paramilitares en la costa caribe; caso Jorge 40,
Rodrigo Cadenas, Juancho Dique, etc. Así somos los costeños y estos son
referentes que nos dan identidad con la forma como asumimos nuestros problemas
y las conductas sociales que agenciamos, pero desde ningún punto de vista,
significa que seamos irresponsables o indisciplinados socialmente, no se puede
confundir el ser caribe con este tipo de calificativos estigmatizantes.
La cuarentena rígida, estuvo hasta el
27 de abril, de ahí en adelante el gobierno nacional y los territoriales
comenzaron a liberar sectores económicos; primero, a los trabajadores de la
construcción, manufactura, después, 32 sectores más y hasta abrieron los
centros comerciales, bajo el concepto de reactivar la economía, en pleno auge
de crecimiento de la tasa de contagio en el país, el día sin IVA, remató la
política de protección a la población y se impuso el “sálvese quien pueda”, el
Estado le pasó la pelota a una ciudadanía limitada, poco informada y carente de
medios para subsistir en la actual coyuntura, sobre todo carente de estabilidad
socioeconómica para asumir con disciplina el autocuidado y aplicar el protocolo
de bioseguridad. En los entes territoriales proliferan los decretos
restrictivos a la libertad y prohibiciones, medidas que caen en el vacío, por
ejemplo; toque de queda, nadie lo cumple, la gente que vive de la
economía informal, del rebusque, del día a día, sale porque sale a buscar
el sustento, los alimentos para su familia, derecho humano primario que
en la actual coyuntura nadie garantiza y que le corresponde al Estado, tenemos
que reconocer; el pueblo, la población vulnerable sufre el embate de dos
pandemias: Covid-19 y hambre, por eso podemos afirmar que estamos expuesto a
una masacre popular por la pandemia con la anuencia de nuestros
gobiernos.
Los tumbos de la política oficial han
puesto de manifiesto su fracaso en la medida que vemos que todos los días crece
el número de enfermos y muertes sin tener claro cuando tocaremos techo o en qué
momento se aplana la curva, anunciada tempranamente por el gobierno sin ningún
tipo de respaldo real y mucho menos cuando la puja entre economía y vida
humana, la ganó la primera. Las medidas de alivio para la población en materia
social, como el ingreso solidario de $160.000 pesos para el sostenimiento de
familias de 4 a 6 miembros, característico de la costa, es totalmente
miserable, si le sumamos familias en acción, adulto mayor y jóvenes en acción,
encontramos una cobertura estrecha que deja por fuera a millones de colombianos
y colombianas que viven en situación de pobreza, agudizada por la pandemia, lo
malo de las focalizaciones neoliberales es que no benefician al conjunto de la
población, no son universales. Cuando un grupo de parlamentarios, académicos y
dirigentes de la sociedad civil, propusieron renta básica equivalente a un
salario mínimo mensual, por tres meses, para 34 millones de colombianos, el
gobierno se asustó, refugiándose en las ya conocidas focalizaciones. Luego, no
es problema de indisciplina social, es la política pública que no responde a
las necesidades de la población pobre, que siente con más fuerza el impacto de
la pandemia. Por el contrario, ha sido ampliamente generoso y flexible con los
dueños de los bancos, ganaderos, terratenientes, empresarios nacionales y
extranjeros, demostrando que el Estado si interviene, pero en favor de una
minoría y que en los actuales momentos son los menos vulnerables.
La corrupción, es un fantasma que
recorre la costa caribe, los gobernantes nuestros perdieron capacidad de
convocatoria, liderazgo, legitimidad y apoyo popular al involucrarse en este
tipo actos, mientras la gente con su pobreza y limitaciones cumplían
disciplinadamente con la cuarentena, confinamiento o aislamiento social, los
gobernantes y funcionarios públicos les quitaron la comida de la mesa, lo que
generó caos y desorden en la población, no valía la pena hacer sacrificios para
que otros o unos pocos se beneficiaran ensanchando sus patrimonios particulares
a merced del hambre del pueblo, no se puede considerar esto como indisciplina
social, más bien sería desobediencia civil espontánea. La población no atiende
toques de queda, ni le teme a las sanciones o multas que impone la policía,
tienen hambre y salen a buscar la comida, muy a pesar de lo mortal o el riesgo
que representa el Covid-19.
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