Bacrimpolítica en Sucre

 Por: Carlos Pérez Domínguez

Durante la instalación de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, lanzó unas acusaciones de suma gravedad, al sostener que en nuestro departamento habría políticos actuando en connivencia con grupos irregulares como el Clan del Golfo.

 

“No podemos patrocinar que algunos compañeros nuestros del ejercicio político tengan contacto con esos bandidos. Eso no podemos patrocinarlo, eso merece el rechazo de todos nosotros. No podemos pasar de la Farc-política a la parapolítica y después a la bacrimpolítica. No podemos entrar en esa nueva dinámica”, puntualizó Espinosa.

 

Las palabras del gobernador llegan en medio de la crisis de seguridad desatada por el paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) que paralizó la actividad comercial y académica durante varios días en Sucre y otros 10 departamentos del país. Una situación “inédita” en palabras del propio mandatario, pero que, según Rodrigo Ramírez, Defensor de Derechos Humanos, no es más que la “materialización de los riegos que se habían advertidos”.

 

En declaraciones al programa radial Micrófono Abierto, Ramírez sostuvo que desde 2018 líderes sociales y la misma comunidad vienen denunciando el fortalecimiento del Clan del Golfo en territorios como Montes de María y que las autoridades en el departamento han “desestimado las advertencias no sólo de los defensores y las comunidades, sino también de la misma Defensoría del Pueblo y sus informes de riesgos”.

 

En medio de esta coyuntura ha sido inevitable no rememorar el oscuro pasado que en materia de seguridad envolvió por muchos años al departamento y que fue orquestado por una parte de la clase política local. De ahí el grado de relevancia que adoptan las palabras del gobernador al hacer mención de la Bacrimpolítica.

 

Y si bien, este no es un concepto nuevo, pues desde 2013 la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía tienen abiertas investigaciones por presuntos nexos entre políticos y bandas criminales (de lo que Sucre no ha escapado) sí es necesario que, como señala el gobernador Espinosa, haya un rechazo genuino y generalizado ante la posibilidad de que la Bacrimpolítica se tome a Sucre.

 

No se nos puede olvidar el grado de penetración que alcanzó la Parapolítica en nuestro departamento: más de 35 políticos entre gobernadores, senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, concejales y diputados, han sido procesados por tener relaciones directas con grupos de autodefensa.

 

El gobernador no dio nombres ni cuantificó el número de políticos que estarían aliados con las bandas criminales, ojalá esos datos sí los tengan los órganos de control y esté actuando para judicializarlos.